Desde el momento en que se aprobó la ley de radio difusión se fue gestando paralelamente unos de los mayores engendros jurídicos que daría paso a la monopolización de los medios.
La ley 22.285 o más conocida como la ley de radio difusión, fue sancionada y aprobada durante el último gobierno militar, de más está decir que los artífices fueron personajes como Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz. Es una poderosa herramienta, que generó ayer y fortalece hoy un sistema de medios de comunicación que concentra dinero y discurso en pocas manos y voces. Esta es una de las pocas leyes heredadas de la dictadura militar, y que aun hoy continúa en vigencia. Los presidentes democráticos que tuvo que eludir para seguir manteniéndose de pie y cada vez con mayor rigor y fortaleza son: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde. Antes de que la ley 22.285 comience a erosionarse, impedía en el artículo 45, a las empresas periodísticas editoriales ser permisionarias de canales de TV o radios. Y además, en el artículo 46, que respectivamente disponían que el "objeto exclusivo" de un licenciatario debía ser la radiodifusión y que no podía haber más de 20 personas integrando las sociedades radiodifusoras. La derogación de estos artículos, tanto del 45 como del 46, durante la presidencia de Carlos Menem, generó un creciente proceso de concentración empresarial y consagró al oligopolio informativo como un factor de poder. Por este motivo, es una herramienta monopolizadora que puede ser utilizada con fines políticos, donde se concentran la totalidad de los discursos de una persona y crea así la plataforma para lanzarlo a la victoria, tal como sucedió con el caso del conductor de televisión Boliviano, Carlos Palenque, que logró cambiar la dirección política del país luego de casi 40 años de dirigencia del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) . Sin embargo, esta herramienta tiene su contra, ya que fue ella una de los principales factores que propiciaron la convulsión social y la eminente renuncia del presidente Argentino, Fernando de la Rua, en el 2001.Sin duda, uno puede asegurar, que está en presencia de un arma de doble filo.Con la llegada de Nestor Kirchner a la presidencia del país en el 2003, se pensó que se iba a terminar con los diferentes legados sancionados por los militares y que aun hoy siguen en vigencia. Es mas, se atrevió a descolgar el retrato del dictador, Jorge Rafael Videla, a abolir la ley de obediencia debida, la de punto final y la de los indultos que protegieron durante años a muchos genocidas.Fue en ese momento cuando se declaró dispuesto a revertir la concentración empresarial en las comunicaciones y su hombre en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Julio Bárbaro, que se dedicaba a fustigar con entusiasmo al engendro jurídico de la dictadura y a los grupos económicos que prohijó. Luego las cosas cambiaron. Hace tiempo que "no está en la agenda" del gobierno reemplazar la ley de radiodifusión, como admitió el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en una reunión con representantes de la Coalición para una Radiodifusión de la Democracia celebrada a principios de 2005. ¿Es demasiado iluso pensar que a los 31 aniversarios del golpe, un gobierno democrático se animaría a derogar la ley de radiodifusión de la dictadura? Pareciera que sí. Ya que la norma es mucho más que el retrato de un dictador. Es el sueño realizado de un dictador. Como dice una canción del grupo argentino Attaque 77 "todo está tan bien planeado, neciamente calculado"
Hace 10 años
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